La competitividad es un aspecto que ayuda a garantizar el bienestar social. Sin embargo, es importante que esta competitividad no solo se sostenga en la producción de bienes y servicios con la mejor calidad y precio, sino que la sostenibilidad de los mismos, entendida como la inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno a lo largo de su ciclo de vida, es cada vez de mayor importancia.
De igual manera, potenciar el desarrollo productivo de las cadenas de valor de todos los bienes y servicios asociados a las industrias creativas y culturales del país, garantiza el impulso del sector y su competitividad frente a otros países en la región.
La competitividad sostenible está más vinculada al desarrollo sostenible que a la productividad como garante del crecimiento anual. Por tanto, este tipo de competitividad consiste en que el construir un conjunto de instituciones, políticas y factores que hagan a una nación productiva a largo plazo a la vez que aseguran la sostenibilidad del medioambiente y el bienestar de la ciudadanía local y global. Además, la mejora de este factor puede ser determinante para la atracción de capital que ya tiene en cuenta parámetros de sostenibilidad, que a su vez podría permitir mejorar la prosperidad equitativa en el país.
El vínculo entre sostenibilidad y competitividad se hace cada vez más patente en otras regiones del mundo, como es el caso de Europa, que a finales de 2019 lanzaba el Pacto Verde Europeo. Este novedoso marco propone un modelo de transformación de Europa hacia una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando la neutralidad climática en el 2050, la desvinculación del crecimiento económico del consumo de recursos y que nadie se quede atrás.
Pero, además, no solo pretende que todos los productos y servicios fabricados en el espacio europeo respondan a criterios de sostenibilidad, sino que la Unión Europea puede fijar normas aplicables a todas las cadenas de valor mundiales. Por tanto, en la medida en la que Panamá pueda transversalizar la sostenibilidad en su actividad económica, podría adquirir una ventaja competitiva para acceder al mercado internacional europeo, así como para atraer inversiones externas.
Panamá se situaba en 2019 en el puesto 66 de 141 en términos de competitividad según el World Economic Forum, con una ligera mejoría respecto a 2018, que se encontraba en el puesto 64. Este ranking se basa en indicadores que tienen que ver con el contexto, el capital humano, el estado de los mercados y el ecosistema de innovación del país. Los aspectos que más mejoras representan son la capacidad de innovación, la fortaleza de las instituciones o la incorporación de las tecnologías, entre otras.
Es interesante mencionar las prioridades para la transformación económica que mencionaba la versión del Global Competitiveness Report para el año 2020, año en el que se publicaba una edición especial para guiar a los países hacia una recuperación post COVID-19. Algunas de las recomendaciones, que pueden servir de guía para Panamá, son las siguientes:
La consideración de estos aspectos, y las palancas que los hagan posibles, será clave para aprovechar la oportunidad de innovar en el modelo económico actual del país, avanzando así hacia un ecosistema más competitivo y sostenible. Para ello, se presentan las siguientes líneas de trabajo, iniciativas y medidas:
2.1.Las empresas como agentes clave para la competitividad y sostenibilidad.
2.1.1. Coordinar las líneas de acción de los Centros de Competitividad con las iniciativas presentadas, asignando recursos a los que ya existen a nivel nacional e identificando un Centro que lidere dicha acción.
2.1.1.1. Trabajo en la alineación de la Visión 2050 de los Centros de Competitividad con el presente Plan para aunar esfuerzos y promover acciones conjuntas.
2.1.1.2. Introducción en mayor medida de la temática de sostenibilidad en el Foro Nacional Para La Competitividad u otros foros.
2.1.2. Crear nuevos espacios de reunión, o dotar de recursos a los ya existentes, para que las empresas compartan experiencias y conocimiento sobre cómo integrar la Responsabilidad Social.
2.1.2.1.Creación de eventos y talleres específicos para pymes con el objetivo de concienciar a estas empresas en el avance hacia una gestión responsable diseñados en base a los siguientes criterios:
2.1.2.2. Promoción de encuentros entre asociaciones gremiales y empresariales y sus asociados que permitan trasladar y enfatizar la importancia de una gestión responsable:
2.1.2.3. Organización de encuentros entre empresas líderes de sostenibilidad y pymes para que dialoguen sobre los retos y beneficios de invertir en iniciativas de Responsabilidad Social.
2.1.3. Impulsar la sostenibilidad en la producción, comercio y oferta de productos y servicios que respondan a consideraciones de sostenibilidad y rendición de cuentas.
2.1.3.1. Apoyo a las empresas exportadoras panameñas en el logro de certificaciones internacionales vinculadas con sostenibilidad que les permita ser más competitivas en otros mercados, como el europeo, cada vez más exigente con los aspectos ASG
2.1.3.2. Extensión de la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
2.1.3.3. Elaboración de un código de buenas prácticas para evitar la publicidad engañosa y garantizar una comunicación ajustada a la realidad del producto ofertado y promover políticas de comunicación y publicidad responsable.
2.1.3.4. Organización de un certamen de premios o reconocimiento de buenas prácticas vinculadas a la consecución de los ODS inspirándose en las iniciativas lanzadas por la Red del Pacto Global en España, Ecuador o Colombia o los The European Sustainability Award lanzados por la Comisión Europea. Considerar el ‘Sello ODS’ lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del Gabinete Social, como el reconocimiento de referencia nacional de buenas prácticas a organizaciones privadas, sociales, académicas o de gobiernos locales.
2.1.3.5. Definir guías sectoriales para los principales sectores económicos del país para incorporar una visión sostenible del negocio
2.1.3.6. Integrar el concepto de Turismo Sostenible y Accesible como un atributo esencial de la marca país:
2.1.4. Definir políticas, planes e iniciativas que potencien el capital humano de las empresas y el sector público para mejorar la competitividad del país.
2.1.4.1. Desarrollo de un Plan Nacional de reinserción laboral post COVID-19 considerando los sectores de actividad más impactados por la pandemia (sector turismo, sector construcción y sector manufacturero, entre otros), así como las potenciales mejoras en la productividad sectorial (sector agroalimentario, turístico, industrial, entre otros)
2.1.4.2. Desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades que contemplen los diferentes perfiles de la sociedad panameña y que ayuden a cerrar la gran brecha que existe en el país. En este sentido se podrían crear ayudas para las pymes que desarrollen políticas que promuevan la no discriminación.
2.1.4.3. Impulso de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.
2.1.4.4. Incentivo de programas de seguridad y salud en los centros de trabajo.
2.1.4.5. Llevar a cabo una gestión proactiva del impacto de las nuevas tecnologías en los recursos humanos:
2.1.4.6. Generación de espacios de encuentro entre empresas e instituciones educativas para que, a través del voluntariado corporativo de transferencia de conocimiento, el sector privado pueda fomentar las vocaciones STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), la formación profesional y la promoción de las soft skills entre el alumnado.
2.2. La compra pública responsable para impulsar la inclusión de aspectos ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) en el tejido empresarial.
2.2.1. Incorporar con una visión de obligatoriedad, en línea con los avances más recientes en el país, criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas (y su relación con los ODS) vinculados al objeto del contrato. Para ello se sugiere la creación de estándares para integrar criterios de sostenibilidad en la compra pública y un marco que establezca normas comunes para todas las instituciones de la administración pública,. Se sugiere avanzar hacia un fin de la voluntariedad en consonancia con otras iniciativas como Ley sobre Adquisiciones Públicas N143 cuyo artículo 40 incluye las compras sostenibles y responsables:
2.2.1.1. Realización de un listado de bienes, obras y servicios prioritarios a la hora de incluir dichas clausulas en la contratación pública.
2.2.1.2. Constitución de comisiones interministeriales para la incorporación de criterios ambientales y sociales en la contratación pública.
2.2.1.3. Ampliación del Taller Introducción a las Compras Públicas Sostenibles que ya se ha realizado en el marco del acuerdo para impulsar las Compras Públicas Sostenibles en Panamá entre Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI). Integrar el foco de pymes en este Taller para acompañarles en la adaptación a los estándares de compra pública
2.2.1.4. Diseñar un modelo de seguimiento y capacitación para los contratistas sobre cómo vincular el desempeño de sus actividades para el sector público con los ODS. Dicha información podría servir de base para crear datos relevantes que permitan publicar un informe país anual sobre el impacto de la compra pública en el desarrollo sostenible del país.
2.3. Promoción de la innovación, el emprendimiento y las inversiones responsables.
2.3.1. Generar incentivos I+D+i para empresas y promocionar su importancia
2.3.1.1. Promoción de la Ley 76 que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria como guía para mejorar la competitividad del país para generar un contexto de crecimiento de la industria panameña, atraer inversión extranjera y mejorar el ecosistema de innovación
2.3.1.2. Apoyo al desarrollo e integración de nuevas tecnologías digitales en las múltiples aplicaciones industriales y sectoriales y que tengan en cuenta los impactos ambientales, sociales y de buen gobierno de dichos desarrollos.
2.3.1.3. Generación de programas que potencien la innovación empresarial vinculada con el avance hacia un desarrollo sostenible para grandes y pequeñas empresas que se concreten en incentivos fiscales y económicos.
2.3.1.4. Apoyo técnico para guiar a las empresas en la mejora de la innovación de productos y servicios para facilitar su acceso a los incentivos fiscales y económicos (tanto nacionales como internacionales).
2.3.2. Apoyar a emprendedores y creativos con visión sostenible de negocio
2.3.2.1. Impulso más activo de los servicios de asesoramiento y orientación prestados a entidades de la economía social, emprendedores y autónomos y promocionar en mayor medida la “Alianza para impulsar el emprendimiento en Panamá”.
2.3.2.2. Creación de certámenes y difusión desde la administración central (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACYT), regional o multilateral que convoquen a emprendedores que tengan soluciones empresariales a los retos que se enfrenta el país en términos ambientales, sociales y de buen gobierno.
2.3.2.3. Promoción del voluntariado corporativo, incentivando la asignación de recursos económicos, dirigido a que los empleados con capacidades técnicas y de liderazgo para que éstos realicen actividades de apoyo a emprendedores a través de mentoring que faciliten la actividad emprendedora.
2.3.3. Promocionar a Panamá como un destino de inversión responsable.
2.3.3.1. Formación a los servidores públicos sobre cómo pueden capturar los crecientes flujos de inversión socialmente responsable, así como a instituciones financieras sobre los principios de la inversión responsable
2.3.3.2. Continuar con el lanzamiento de bonos verdes o sociales por parte de la Administración Central para financiar proyectos con impacto positivo en materia ambiental o social, como ya están haciendo otros países de la región
2.3.3.3. Proporcionar a los inversores orientación sobre cómo integrar los derechos humanos en las prácticas de inversión
2.3.3.4. Garantizar que las instituciones estatales que se ocupan de las inversiones promuevan el respeto de los derechos humanos como parte de las inversiones.