La buena gobernanza de un país constituye un elemento clave para aumentar la eficacia económica, potenciar el crecimiento y mejorar la prestación de servicios públicos de calidad y de cobertura equitativa en el territorio. Sin una buena gobernanza de las instituciones de un país, es muy difícil avanzar en la senda hacia un mayor desarrollo sostenible en tanto la utilización de recursos y de esfuerzos, no se podrá optimizar y capitalizar de manera adecuada.
Por un lado, es importante promover y vigilar el comportamiento íntegro de todas las personas que forman parte de las organizaciones que conducen al país hacia el futuro. También es necesario asegurar una estructura de reporting del desempeño, tanto de instituciones públicas como privadas, que mejore los ejercicios de rendición de cuentas y la transparencia de la actividad de estas organizaciones y permitan conocer a los diferentes grupos de interés el avance y los resultados de los propósitos y objetivos que se han comunicado.
El ODS 16 se centra en mejorar la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y para conseguirlo, es necesario que se trabaje de forma conjunta, con todos los grupos de interés para reducir la corrupción y el soborno, mejorar la eficacia y la transparencia de las instituciones, garantizar el acceso a la información pública, entre otras iniciativas.
Más que nunca, la gobernabilidad efectiva de los países se convierte en una fortaleza clave para asegurar la recuperación económica y social de la pandemia, permitiendo cambiar la dinámica de bajo crecimiento, alta desigualdad y alta vulnerabilidad. Para ello, se presentan las siguientes líneas de trabajo, iniciativas y medidas:
3.1. Aumentar la ambición del Gobierno de Panamá en la gobernanza para la consecución de los ODS como guía de recuperación post COVID-19
3.1.1. Llevar a cabo un ejercicio de lineamiento de los presupuestos públicos con los ODS para estimar el esfuerzo presupuestario del país para la consecución de la Agenda 2030, como ya han hecho otros países de la región
3.2.1.1. Definir una metodología que permita alinear (de manera directa o indirecta) los presupuestos de los departamentos ministeriales con los ODS para asegurar que el compromiso del país con la Agenda 2030 tiene un reflejo en los presupuestos asignados
3.2.1.2. Definir una metodología que permita alinear (de manera directa o indirecta) los presupuestos de las empresas públicas del país con los ODS para asegurar que el compromiso del país con la Agenda 2030 tiene un reflejo en los presupuestos asignados
3.2.1.3. Crear un informe integrado de contribución de los fondos públicos (departamentos ministeriales y empresas públicas) del país con los ODS y, por tanto, con los retos país.
3.1.2. Definir una guía para que los agentes financieros y las empresas (públicas y privadas) puedan identificar qué inversiones son sostenibles desde el punto de vista medio ambiental, social y de buena gobernanza, como ya están haciendo otras regiones del mundo. Se sugiere tomar como referencia el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de la Bolsa de Valores de Panamá.
3.1.3. Crear en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) una sección en la que se integren los indicadores de la Agenda 2030 y su desempeño (actualizado) por parte de Panamá, como ya han hecho otros países. Se sugiere que el INEC trabaje de manera colaborativa con el Gabinete Social, encargado de la realización de Informe Nacional Voluntario de avance en la consecución de los ODS.
3.1.4. Crear una plataforma de datos abiertos (o actualizar las existentes) que incorpore dentro de sus categorías de datos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza para promover un modelo de gobernanza integrador gracias al acceso a dicha información por parte de todos los grupos de interés, como ya han hecho otros países.
3.2. Fomento de la transparencia y rendición de cuentas como aspecto integral para avanzar hacia un desarrollo sostenible
3.2.1. Avanzar hacia un marco legislativo vinculante que permita que las empresas (públicas y privadas) reporten su desempeño no financiero, que vaya incrementando su alcance con el tiempo (empezando por las empresas de más de 500 trabajadores hasta llegar a las pymes), como ya están haciendo otros países y regiones
3.2.1.1. Diseño de una guía en base a estándares internacionales que sirva como hoja de ruta sobre cómo desglosar la información no financiera y su vínculo con los ODS a todo tipo de entidades para promocionar a Panamá como un país que permita atraer la inversión responsable. Se sugiere inspirarse en la guía ya publicada por la Bolsa de Valores de Panamá
3.2.1.2. Facilitación de un listado de los diferentes marcos y sus indicadores que pueden permitir a las organizaciones reportar su información no financiera en línea con los estándares internacionales
3.2.1.3. Organización de talleres dirigidos a pymes para que, de forma eficiente, sepan reportar los principales indicadores ambientales, sociales y de buen gobierno materiales para su actividad, como un ejercicio de mejora de la competitividad empresarial
3.2.1.4. Promoción de la aprobación de los informes de sostenibilidad de las grandes empresas por su máximo órgano directivo.
3.2.1.5. Definir la hoja de ruta para que, en el medio plazo, se desarrolle una regulación que obligue a las empresas más grandes o con mayor impacto a publicar anualmente un informe de sostenibilidad.
3.2.2. Poner en marcha un proceso de identificación de las principales entidades de la administración pública, incluidas las empresas públicas que, por la naturaleza de sus actividades, sean susceptibles de producir informes de sostenibilidad. Se sugiere la opción de presentar un informe conjunto de todas las empresas públicas.
3.2.2.1. Lanzamiento de un programa piloto con las entidades que cuenten con una mayor madurez en materia de sostenibilidad (que hayan realizado un análisis de materialidad, que tengan una estrategia o haya reportado anteriormente su información no financiera) que pueda servir como ejemplo para el resto de organizaciones del Estado.
3.2.3. Ampliar la sección de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información (ANTAI) para que, tanto el sector público como el sector privado, puedan mostrar cómo llevan a cabo su actividad en un ejercicio de mejorar su rendición de cuentas a la ciudadanía y a otros grupos de interés.
3.2.3.1. Dedicación de un espacio del portal que albergue el siguiente contenido:
3.3. Gobernanza e integridad por un país más eficiente
3.3.1. Formar a las empresas públicas en los máximos estándares de buen gobierno y así poder integrar mayores compromisos y mejores pautas de gobernanza entre las mismas y que el Estado tome medidas para guiar, incentivar, exigir la debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas públicas.
3.3.2. Impulsar con mayor fuerza el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB) para el desarrollo de las capacidades de gestión para la gobernabilidad y así poder mejorar el impacto de los programas y proyectos que desde el gobierno tienen como objetivo mejorar el desarrollo sostenible del país.
3.3.3. Elaborar un código de buen gobierno para empresas cotizadas que abogue por mejorar el marco de gobierno corporativo de las empresas panameñas y que operen en Panamá con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en su gestión. Este código podría:
3.3.4. Desarrollar mecanismos, elementos y evidencias de una buena gobernanza por parte de las empresas privadas que fortalezcan los mecanismos de control y los sistemas de gestión de riesgos.
3.3.4.1. Ampliación de la cobertura de los cursos de ISO 26000 lanzados por el MICI y crear nuevos cursos, talleres o activar plataformas ya existentes, para la implantación de otro tipo de herramientas que promocionan la integración la Responsabilidad Social en las empresas, entre ellas la debida diligencia como un mecanismo que permite fortalecer los sistemas de control y gestión de riesgos.
3.3.4.2. Organización de talleres, dirigidos sobre todo a pymes, para que puedan desarrollar códigos de buen gobierno, códigos éticos, de conducta y canales de denuncias, sí como el establecimiento de sistemas de consulta en línea.
3.3.4.3. Creación de un sello de compromiso basado en los estándares internacionales de buen gobierno corporativo que se otorgará a las organizaciones que publiquen un código ético, una política anticorrupción y una política de responsabilidad social y que habiliten un canal de denuncias.
3.3.5. Fomentar la formalidad laboral y fiscalidad responsable para poder dotar a los trabajadores de una mayor seguridad jurídica y mejores condiciones laborales y aumentar la recaudación fiscal del país.
3.3.5.1. Identificación de cuáles son los sectores de la economía que tienen una mayor tasa de informalidad y generar campañas de concienciación y compromiso.
3.3.5.2. Creación de un sello que premie a aquellas empresas que cumplen con la ley y que impactan positivamente en la formalidad laboral y fiscal, que podría ser impulsado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)
3.4. Generar alianzas como eje clave de una organización bien gobernada.
3.4.1. Definir una alianza tripartita permanente (gobierno, sector privado a través de las organizaciones gremiales, ciudadanía, en colaboración con organismos multilaterales) que favorezca las sinergias de las acciones enfocadas a los ODS para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles.
3.4.2. Creación de un documento marco que permita guiar a las partes que conforman alianzas (público-público, privada-privada y público-privada) sobre cuáles son los pasos a seguir, los asuntos a tratar y los acuerdos que estipular para que la iniciativa tenga éxito en el corto, medio y largo plazo y se pueda medir el impacto que genera:
3.4.3. Establecimiento de un espacio dentro de la web del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo en el que se reporte sobre los acuerdos y las alianzas público-privadas para el desarrollo que tiene en marcha y los resultados que están generando. En este espacio se debería incluir dicho documento sobre los requisitos que han de responder dichas alianzas para tener un impacto en la consecución de la Agenda 2030.