2. Vínculo entre desarrollo sostenible y competitividad
La competitividad es un aspecto que ayuda a garantizar el bienestar social. Sin embargo, es importante que esta competitividad no solo se sostenga en la producción de bienes y servicios con la mejor calidad y precio, sino que la sostenibilidad de los mismos, entendida como la inclusión de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno a lo largo de su ciclo de vida, es cada vez de mayor importancia.
De igual manera, potenciar el desarrollo productivo de las cadenas de valor de todos los bienes y servicios asociados a las industrias creativas y culturales del país, garantiza el impulso del sector y su competitividad frente a otros países en la región.
La competitividad sostenible está más vinculada al desarrollo sostenible que a la productividad como garante del crecimiento anual. Por tanto, este tipo de competitividad consiste en que el construir un conjunto de instituciones, políticas y factores que hagan a una nación productiva a largo plazo a la vez que aseguran la sostenibilidad del medioambiente y el bienestar de la ciudadanía local y global. Además, la mejora de este factor puede ser determinante para la atracción de capital que ya tiene en cuenta parámetros de sostenibilidad, que a su vez podría permitir mejorar la prosperidad equitativa en el país.
El vínculo entre sostenibilidad y competitividad se hace cada vez más patente en otras regiones del mundo, como es el caso de Europa, que a finales de 2019 lanzaba el Pacto Verde Europeo. Este novedoso marco propone un modelo de transformación de Europa hacia una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando la neutralidad climática en el 2050, la desvinculación del crecimiento económico del consumo de recursos y que nadie se quede atrás.
Pero, además, no solo pretende que todos los productos y servicios fabricados en el espacio europeo respondan a criterios de sostenibilidad, sino que la Unión Europea puede fijar normas aplicables a todas las cadenas de valor mundiales. Por tanto, en la medida en la que Panamá pueda transversalizar la sostenibilidad en su actividad económica, podría adquirir una ventaja competitiva para acceder al mercado internacional europeo, así como para atraer inversiones externas.
Panamá se situaba en 2019 en el puesto 66 de 141 en términos de competitividad según el World Economic Forum, con una ligera mejoría respecto a 2018, que se encontraba en el puesto 64. Este ranking se basa en indicadores que tienen que ver con el contexto, el capital humano, el estado de los mercados y el ecosistema de innovación del país. Los aspectos que más mejoras representan son la capacidad de innovación, la fortaleza de las instituciones o la incorporación de las tecnologías, entre otras.
Es interesante mencionar las prioridades para la transformación económica que mencionaba la versión del Global Competitiveness Report para el año 2020, año en el que se publicaba una edición especial para guiar a los países hacia una recuperación post COVID-19. Algunas de las recomendaciones, que pueden servir de guía para Panamá, son las siguientes:
- Asegurar que las instituciones públicas incorporen principios de gobernanza sólidos, visión a largo plazo y confianza a sus ciudadanos.
- Actualizar las infraestructuras para acelerar la transición energética y ampliar el acceso a la electricidad y las TIC
- Cambiar a una tributación más progresiva, repensar cómo se gravan las corporaciones, la riqueza y el trabajo, a nivel nacional y en un marco cooperativo internacional.
- Actualizar los planes de estudios educativos y ampliar la inversión en las habilidades necesarias para los trabajos y los mercados del mañana
- Repensar las leyes laborales y la protección social para la nueva economía y las nuevas necesidades del capital humano
- Ampliar e innovar las infraestructuras para el cuidado de las personas mayores y los niños y también las sanitarias, por el beneficio de las personas y la economía
La consideración de estos aspectos, y las palancas que los hagan posibles, será clave para aprovechar la oportunidad de innovar en el modelo económico actual del país, avanzando así hacia un ecosistema más competitivo y sostenible. Para ello, se presentan las siguientes líneas de trabajo, iniciativas y medidas:
2.1.Las empresas como agentes clave para la competitividad y sostenibilidad.
2.1.1. Coordinar las líneas de acción de los Centros de Competitividad con las iniciativas presentadas, asignando recursos a los que ya existen a nivel nacional e identificando un Centro que lidere dicha acción.
2.1.1.1. Trabajo en la alineación de la Visión 2050 de los Centros de Competitividad con el presente Plan para aunar esfuerzos y promover acciones conjuntas.
2.1.1.2. Introducción en mayor medida de la temática de sostenibilidad en el Foro Nacional Para La Competitividad u otros foros.
- Comunicar a los asistentes los avances del Plan Nacional y los retos y oportunidades del seguimiento de la Agenda 2030 por parte de sector público y privado.
- Invitar a ponentes globales que ayuden a entender cómo se están moviendo las tendencias en materia de sostenibilidad en el plano internacional, cuál es el estado de situación del país en la temática y cómo se puede actuar proactivamente para aprovechar las oportunidades que pueden surgir.
2.1.2. Crear nuevos espacios de reunión, o dotar de recursos a los ya existentes, para que las empresas compartan experiencias y conocimiento sobre cómo integrar la Responsabilidad Social.
2.1.2.1.Creación de eventos y talleres específicos para pymes con el objetivo de concienciar a estas empresas en el avance hacia una gestión responsable diseñados en base a los siguientes criterios:
- Ventajas de una gestión responsable y oportunidades de negocio como proveedores de grandes empresas, entre otras.
- Presentación de herramientas para la medición (cuando aplique), la gestión (incluida la innovación) y la divulgación y reporte del desempeño no financiero.
- Visibilidad de buenas prácticas y casos de éxito de pymes a nivel nacional.
2.1.2.2. Promoción de encuentros entre asociaciones gremiales y empresariales y sus asociados que permitan trasladar y enfatizar la importancia de una gestión responsable:
- Dar seguimiento al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y sus implicaciones en materia de sostenibilidad para poder trasladar los principales requisitos que la UE establece para sus importaciones y así poder fomentar el comercio con un agente clave de la economía global.
- Crear discursos sectoriales o nacionales comunes sobre cuáles son las principales características de sostenibilidad del sector/país y sus principales atributos de competitividad de cara a generar un mayor interés por los productos y servicios panameños.
2.1.2.3. Organización de encuentros entre empresas líderes de sostenibilidad y pymes para que dialoguen sobre los retos y beneficios de invertir en iniciativas de Responsabilidad Social.
- Mostrar las diferentes herramientas, políticas e iniciativas que las empresas líderes en sostenibilidad han implantado y como van trabajando en línea con otras iniciativas país o iniciativas globales.
- Conversar sobre los retos que las pequeñas empresas encuentran en el país a la hora de mejorar su perfil de sostenibilidad e intentar encontrar soluciones conjuntas a los mismos.
- Identificar la importancia para las pymes de integrar la sostenibilidad en su estrategia y gestión como una ventaja competitiva gracias al acceso a grandes empresas como proveedor y mercados internacionales, como el europeo.
- Convocar a empresas con prácticas de sostenibilidad avanzadas en la gestión de proveedores y a otras empresas que podrían ser parte de su cadena de suministro, o ya lo son, para que, de una forma pedagógica, les trasladen cuáles son los requisitos que exigen a sus proveedores en términos ambientales, sociales y de buen gobierno, el por qué lo hacen, y como podrían empezar a mejorar su desempeño y, por ende, su competitividad.
2.1.3. Impulsar la sostenibilidad en la producción, comercio y oferta de productos y servicios que respondan a consideraciones de sostenibilidad y rendición de cuentas.
2.1.3.1. Apoyo a las empresas exportadoras panameñas en el logro de certificaciones internacionales vinculadas con sostenibilidad que les permita ser más competitivas en otros mercados, como el europeo, cada vez más exigente con los aspectos ASG
- Identificación de sistemas de gestión empresariales que puedan ser de utilidad para las empresas, como la SGE 21 – Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable
- Dar a conocer la adopción por parte del Gobierno de Panamá de la Norma Técnica DGNTI-COPANIT ISO 37001:2016 de Sistemas de Gestión Antisoborno, que facilita la implementación de medidas que garantizan la transparencia en los procesos de las organizaciones públicas y privadas del país, a la vez que promueve una cultura empresarial ética.
- Dar a conocer en Anteproyecto de Ley 083 sobre la creación de empresas con beneficio social y su vínculo con la competitividad de la empresa.
- Identificación de las oportunidades de negocio asociadas a retos, como la economía circular o el cambio climático, tal y como se menciona en el informe ‘el comercio internacional y la economía circular en América Latina y Caribe’ (CEPAL, 2020)
2.1.3.2. Extensión de la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Analizar qué esquemas se valoran más a nivel internacional y cuáles se ajustan más, por producto, a la idiosincrasia del país, tales como comercio justo y ético, etiquetado ecológico y producción orgánica, entre otros.
2.1.3.3. Elaboración de un código de buenas prácticas para evitar la publicidad engañosa y garantizar una comunicación ajustada a la realidad del producto ofertado y promover políticas de comunicación y publicidad responsable.
2.1.3.4. Organización de un certamen de premios o reconocimiento de buenas prácticas vinculadas a la consecución de los ODS inspirándose en las iniciativas lanzadas por la Red del Pacto Global en España, Ecuador o Colombia o los The European Sustainability Award lanzados por la Comisión Europea. Considerar el ‘Sello ODS’ lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través del Gabinete Social, como el reconocimiento de referencia nacional de buenas prácticas a organizaciones privadas, sociales, académicas o de gobiernos locales.
2.1.3.5. Definir guías sectoriales para los principales sectores económicos del país para incorporar una visión sostenible del negocio
2.1.3.6. Integrar el concepto de Turismo Sostenible y Accesible como un atributo esencial de la marca país:
- Dotar de un mayor número de recursos para la difusión a nivel internacional de la implantación del sello del Sistema de Información Centroamericana de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) en Panamá.
- Crear una campaña única marca-país-turismo que enfatice el capital natural y la riqueza de los ecosistemas del país alineado con el “Plan de Acción para el desarrollo del Turismo Verde en áreas protegidas”, la plataforma Ecoturismo 360 y el proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad.
- Fomentar la capacitación de guías turísticos locales en materia de ecoturismo, permitiendo así el empoderamiento de las comunidades rurales y el respeto por su cultura, patrimonio y entorno natural.
- Impulsar el acuerdo entre Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), MiCultura y AMPYME para impartir una serie de seminarios sobre la creación de nuevos negocios turísticos, turismo cultural y proveer de nuevos servicios turísticos.
2.1.4. Definir políticas, planes e iniciativas que potencien el capital humano de las empresas y el sector público para mejorar la competitividad del país.
2.1.4.1. Desarrollo de un Plan Nacional de reinserción laboral post COVID-19 considerando los sectores de actividad más impactados por la pandemia (sector turismo, sector construcción y sector manufacturero, entre otros), así como las potenciales mejoras en la productividad sectorial (sector agroalimentario, turístico, industrial, entre otros)
2.1.4.2. Desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades que contemplen los diferentes perfiles de la sociedad panameña y que ayuden a cerrar la gran brecha que existe en el país. En este sentido se podrían crear ayudas para las pymes que desarrollen políticas que promuevan la no discriminación.
2.1.4.3. Impulso de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.
2.1.4.4. Incentivo de programas de seguridad y salud en los centros de trabajo.
- Proporcionar las herramientas y el conocimiento clave para la mejora de la seguridad y la salud
- Promocionar la certificación de las empresas cuyas plantillas enfrentan mayores riesgos en términos de seguridad y salud laboral (por ejemplo, OHSAS 18001).
- Fomentar los programas de chequeo del estado de salud (física y mental) de los trabajadores para poder prevenir potenciales enfermedades laborales y detección temprana de las que se hayan podido producir.
- Fomentar los programas de deporte y de dieta saludable entre las empresas para fomentar el bienestar de los empleados y crear estilos de vida saludables.
2.1.4.5. Llevar a cabo una gestión proactiva del impacto de las nuevas tecnologías en los recursos humanos:
- Proporcionar las herramientas y el conocimiento clave para la comprensión del reto que supone avanzar hacia una transición tecnológica sostenible, incorporando criterios responsables y de ética en la aplicación de tales tecnologías Para avanzar en este ámbito, se recomida elaborar un Plan de Digitalización o Estrategia Nacional que contemple estos aspectos como ya han hecho otros países
- Incentivar el mapeo de habilidades y funciones de las plantillas para identificar aquellos empleos que en un futuro puedan ser afectados por la robotización y digitalización de los procesos.
- Identificar los perfiles con mayor riesgo y llevar a cabo programas de formación para reintegrarlos en la cadena de “producción” o en el mercado laboral en general.
2.1.4.6. Generación de espacios de encuentro entre empresas e instituciones educativas para que, a través del voluntariado corporativo de transferencia de conocimiento, el sector privado pueda fomentar las vocaciones STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), la formación profesional y la promoción de las soft skills entre el alumnado.
2.2. La compra pública responsable para impulsar la inclusión de aspectos ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) en el tejido empresarial.
2.2.1. Incorporar con una visión de obligatoriedad, en línea con los avances más recientes en el país, criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas (y su relación con los ODS) vinculados al objeto del contrato. Para ello se sugiere la creación de estándares para integrar criterios de sostenibilidad en la compra pública y un marco que establezca normas comunes para todas las instituciones de la administración pública,. Se sugiere avanzar hacia un fin de la voluntariedad en consonancia con otras iniciativas como Ley sobre Adquisiciones Públicas N143 cuyo artículo 40 incluye las compras sostenibles y responsables:
2.2.1.1. Realización de un listado de bienes, obras y servicios prioritarios a la hora de incluir dichas clausulas en la contratación pública.
2.2.1.2. Constitución de comisiones interministeriales para la incorporación de criterios ambientales y sociales en la contratación pública.
2.2.1.3. Ampliación del Taller Introducción a las Compras Públicas Sostenibles que ya se ha realizado en el marco del acuerdo para impulsar las Compras Públicas Sostenibles en Panamá entre Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI). Integrar el foco de pymes en este Taller para acompañarles en la adaptación a los estándares de compra pública
2.2.1.4. Diseñar un modelo de seguimiento y capacitación para los contratistas sobre cómo vincular el desempeño de sus actividades para el sector público con los ODS. Dicha información podría servir de base para crear datos relevantes que permitan publicar un informe país anual sobre el impacto de la compra pública en el desarrollo sostenible del país.
2.3. Promoción de la innovación, el emprendimiento y las inversiones responsables.
2.3.1. Generar incentivos I+D+i para empresas y promocionar su importancia
2.3.1.1. Promoción de la Ley 76 que dicta medidas para el fomento y desarrollo de la industria como guía para mejorar la competitividad del país para generar un contexto de crecimiento de la industria panameña, atraer inversión extranjera y mejorar el ecosistema de innovación
2.3.1.2. Apoyo al desarrollo e integración de nuevas tecnologías digitales en las múltiples aplicaciones industriales y sectoriales y que tengan en cuenta los impactos ambientales, sociales y de buen gobierno de dichos desarrollos.
2.3.1.3. Generación de programas que potencien la innovación empresarial vinculada con el avance hacia un desarrollo sostenible para grandes y pequeñas empresas que se concreten en incentivos fiscales y económicos.
- Creación de incentivos que contribuyan a generar una oportunidad de negocio para aquellas empresas que hagan un uso eficiente de sus recursos, que reduzcan la generación de residuos y que lleven a cabo una gestión de éstos.
- Creación de incentivos empresariales para avanzar hacia la descarbonización de la economía, tales como apoyo financiero al uso de energías renovables e infraestructuras y proyectos de innovación u incentivos fiscales a aquellas empresas que desarrollen proyectos que vayan en línea con las acciones que conforman la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
2.3.1.4. Apoyo técnico para guiar a las empresas en la mejora de la innovación de productos y servicios para facilitar su acceso a los incentivos fiscales y económicos (tanto nacionales como internacionales).
2.3.2. Apoyar a emprendedores y creativos con visión sostenible de negocio
2.3.2.1. Impulso más activo de los servicios de asesoramiento y orientación prestados a entidades de la economía social, emprendedores y autónomos y promocionar en mayor medida la “Alianza para impulsar el emprendimiento en Panamá”.
2.3.2.2. Creación de certámenes y difusión desde la administración central (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACYT), regional o multilateral que convoquen a emprendedores que tengan soluciones empresariales a los retos que se enfrenta el país en términos ambientales, sociales y de buen gobierno.
2.3.2.3. Promoción del voluntariado corporativo, incentivando la asignación de recursos económicos, dirigido a que los empleados con capacidades técnicas y de liderazgo para que éstos realicen actividades de apoyo a emprendedores a través de mentoring que faciliten la actividad emprendedora.
2.3.3. Promocionar a Panamá como un destino de inversión responsable.
2.3.3.1. Formación a los servidores públicos sobre cómo pueden capturar los crecientes flujos de inversión socialmente responsable, así como a instituciones financieras sobre los principios de la inversión responsable
2.3.3.2. Continuar con el lanzamiento de bonos verdes o sociales por parte de la Administración Central para financiar proyectos con impacto positivo en materia ambiental o social, como ya están haciendo otros países de la región
2.3.3.3. Proporcionar a los inversores orientación sobre cómo integrar los derechos humanos en las prácticas de inversión
2.3.3.4. Garantizar que las instituciones estatales que se ocupan de las inversiones promuevan el respeto de los derechos humanos como parte de las inversiones.