La Responsabilidad Social (RS) es la respuesta de las organizaciones a los retos de la sostenibilidad, desde su triple dimensión social, ambiental y de buen gobierno (los llamados aspectos ASG). Las organizaciones públicas y privadas, en su desarrollo en el marco de la Responsabilidad Social (RS)12, deben considerar su responsabilidad respecto de los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: (1) contribuya al desarrollo sostenible y al respecto de los derechos humanos como piedra angular del cumplimiento de los ODS, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, (2) tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas para prevenir y hacer frente a todas las consecuencias negativas de todas sus actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, (3) cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y (4) esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones actividades, incluyendo operaciones, productos y servicios prestados por sus relaciones comerciales3. 

La gestión responsable de una organización supone una aproximación voluntaria que surge del compromiso y el diálogo de las organizaciones con sus grupos de interés, aunque estamos avanzando hacia un contexto de fin de la voluntariedad a nivel internacional en aspectos como la transparencia, la lucha contra el cambio climático o el respeto de los derechos humanos, entre otros. Por ejemplo, existen normas vinculantes en el marco legal panameño exige una gestión responsable como es el caso de la ley general de ambiente y la obligación de evaluación de impacto ambiental (art. 23) y la ley sobre adquisiciones publicas número 143 o el art.40 sobre compras sostenibles y responsables. Este compromiso y responsabilidad, no solo redunda en una mejora para la sociedad y el medio ambiente, sino que también tiene un impacto en la competitividad y la eficiencia de las organizaciones y sus trabajadores, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y, por ende, a una sociedad más próspera, equitativa, solidaria y justa. 

En la medida en que los retos vinculados con el desarrollo sostenible están íntimamente interrelacionados, abordarlos requiere un nuevo enfoque holístico, que es lo que propone la Agenda 2030 de Naciones Unidas y 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . 

Los ODS marcan la senda que los Estados, como promotores y principales responsables de su consecución, han de seguir hasta el 2030 para avanzar hacia un mundo más sostenible a través de un impacto positivo en el planeta, las personas, la prosperidad y la paz. Con independencia de la forma en que cada gobierno decida contribuir a su consecución, es necesario crear alianzas sólidas y aunar los esfuerzos de los diferentes grupos de interés del país para asegurar el éxito en la consecución de los Objetivos en la Década de la Acción. Este esfuerzo es más necesario que nunca, ya que, por primera vez desde su lanzamiento, la consecución de los ODS ha sufrido un retroceso como resultado de la pandemia4,5. 

En este sentido, la implicación del sector privado en la implementación de la Agenda 2030 es clave y supone una gran oportunidad para las empresas con visión de futuro, ya que los ODS, y su integración transversal de los derechos humanos, proporcionan una nueva visión que permite traducir las necesidades y ambiciones globales en soluciones de negocios a nivel local. Dichas soluciones harán posible que las empresas mejoren su gestión de riesgos, prevean la demanda de los consumidores, refuercen su posición en mercados en auge, garanticen un acceso seguro a los recursos necesarios y fortalezcan sus cadenas de suministro, al tiempo que movilizan al mundo a la consecución de los ODS. 

Los derechos humanos6 son un elemento transversal de la Agenda 2030. Concretamente, en su preámbulo se indica que los 17 ODS “pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas”7 abriendo un importante espacio a la acción de gobiernos, empresas y otros agentes de la sociedad ante la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos a nivel global. Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos contra violaciones vinculadas a la actividad empresarial, mientras todas las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos en todas sus actividades.  Es importante destacar que las expectativas hacia las empresas en este ámbito es que se abstengan de generar violaciones a los derechos humanos y abordar los potenciales impactos negativos. 

Bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”, se pone especial foco en aquellos segmentos de la población más vulnerables que han sido a su vez los más perjudicados por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Ante estos nuevos retos en el ámbito de los derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha elaborado las “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19”8 en la que se incluyen medidas públicas y privadas para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de todas las personas y promover una recuperación lo más rápida posible. Por todo ello, el enfoque basado en derechos humanos es hoy más relevante para lograr una salida de la crisis que pone a las personas en el centro de las acciones y de la recuperación necesaria.   

En este contexto, el presente Plan Nacional de Responsabilidad Social Público-Privada y Derechos Humanos (en adelante, el Plan Nacional) nace con la misión de acelerar la acción del Gobierno de Panamá en la consecución de los ODS a partir de la definición de un marco que impulse las líneas estratégicas ya definidas y que dé lugar a nuevas áreas de trabajo para poder posicionar a Panamá como un país más inclusivo, competitivo y sostenible con el esfuerzo conjunto y la colaboración de todos los grupos de interés, en especial buscando la colaboración público-privada. 

De manera más concreta, este Plan persigue los siguientes objetivos específicos:  

1. 1. Definir una hoja de ruta para la próxima década que sirva de guía para la recuperación, transformación y resiliencia del país tras el shock económico, sanitario y social que ha supuesto la COVID-19. Para ello, se proponen acciones transversales en todo el Plan que tienen que ver con aspectos como la competitividad, la protección del medio ambiente, la gobernanza o los derechos humanos9  
   2. Involucrar y empoderar a todos los grupos de interés en la consecución de los ODS10. Para ello, se proponen acciones de difusión, información y capacitación sobre los retos que presentan los 17 Objetivos, la implicación para el país y la responsabilidad de todos los grupos de interés, teniendo en cuenta la vinculación de estos objetivos con las agendas de derechos humanos y empresa.   
   3. Promoción, apoyo, lanzamiento y visibilidad de iniciativas conjuntas de todos los grupos de interés por el desarrollo sostenible. Para ello, se proponen acciones de creación y difusión de herramientas, de espacios de cooperación y fortalecimiento de alianzas multistakeholder que favorezcan una visión compartida entre empresas, Estado, organismos internacionales y sociedad civil. 
   4. Integración en la marca país de los aspectos vinculados con la sostenibilidad y la consecución de la Agenda 2030. Para ello se propone la integración de la visión de la Agenda 2030 en la marca país para que Panamá pueda posicionarse como un país más competitivo. 
   5. Difundir, proteger y promover el cumplimiento de los derechos humanos entre las empresas y organizaciones públicas. Para ello, se proponen acciones que permitan mitigar cualquier impacto negativo que la actividad del sector público o empresarial pudiera tener sobre la sociedad bajo la aproximación de la debida diligencia como mecanismo que permite prevenir y mitigar los impactos negativos, reales o potenciales, sobre los derechos humanos11. 

Para la elaboración de este Plan se han utilizado como fuentes de información modelos ya implementados en otros países12 y recomendaciones de iniciativas globales de referencia. Entre ellas, cabe destacar las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales,  las normas de la OIT sobre política social, los Principios Rectores de Naciones Unidas (2011) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015). De este modo, el presente Plan busca contribuir a la implementación de estos instrumentos internacionales en Panamá.  

Asimismo, se ha tenido en cuenta el estado del arte en la implementación y promoción de la Responsabilidad Social en empresas y organizaciones públicas a nivel nacional e internacional.