Panamá muestra ligeros avances en la consecución del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles). Sin embargo, tiene grandes áreas de mejora en los ODS 2 (Hambre cero), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (Reducción de las desigualdades). Son especialmente preocupantes los indicadores reportados para el ODS 14 (Vida submarina) y ODS 15 (Vida en ecosistemas terrestres) con tendencias muy negativas e importantes retrocesos en los últimos años, sobre todo en cuanto a protección de la diversidad y uso de los recursos naturales se refiere.

En materia ambiental, concretamente de cambio climático, Panamá ratificó el Acuerdo de París en 2016, siendo el país número 28 en hacerlo. Al igual que todos los países firmantes del Acuerdo, Panamá presentó ese mismo año su Contribución Nacional Determinada (CND) a la Mitigación del Cambio Climático (NDC) ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)[1]. Esta incluía como compromiso el incremento en un 30% para 2050 de fuentes renovables en el sector energía y el incremento de la capacidad de absorción de carbono del sector UT-CUTS en un 10% para 2050.

Dado que el Acuerdo de Paris establece que cada 5 años los firmantes deben actualizar sus compromisos y establecer metas más ambiciosas, el país se encuentra en un proceso de actualización de sus CND. Así, el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático, presentó al Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá, (CONACCP), la primera actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN1) en diciembre del año 2020.

En resumen, la CDN1 actualizada de Panamá se construye a partir de tres aspiraciones claves:

1. 1. 1. 1. El compromiso de generar una política climática que no es genérica, sino que tiene indicadores medibles, verificables y reportables, para priorizar y evaluar políticas en toda la economía nacional.
         2. Romper con la dicotomía o separación entre mitigación y adaptación, propiciando la multidisciplinariedad, complementariedad y multisectorialidad, mediante un enfoque integrado adaptación-mitigación.
         3. Vincular la acción climática con los esfuerzos para reducir la desigualdad y la pobreza, potenciando una recuperación económica verde y resiliente.

En materia de derechos humanos, Panamá ha firmado la mayoría de los convenios y protocolos internacionales de Derechos Humanos. Entre ellos, destacar los ocho convenios fundamentales de la OIT para garantizar los derechos humanos en el trabajo; la Declaración Universal Derechos Humanos; los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

Destacar que el país cuenta con una Comisión Nacional Permanente de Derechos Humanos creada en 2012 y encargada de coordinar las políticas y acciones gubernamentales, dirigidas a la protección y garantía de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones y otros compromisos que surjan del Examen.

Periódico Universal (EPU) o hayan sido formuladas por los órganos de Supervisión de Tratados de Naciones Unidas.

El último EPU (a fecha de elaboración de este documento) se realizó en febrero de 2020 y en él se refleja el estado de situación de los derechos humanos en Panamá y se recopilan acciones a emprender ante los actuales retos en la materia.[1]

Asimismo, en lo relativo a marcos nacionales de derechos humanos, destaca el establecimiento del mecanismo nacional de prevención, adscrito a la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2018. La creación de este mecanismo supone un importante avance especialmente para la población refugiada y solicitante de asilo en centros de detención migratoria[2].

En materia de gobernanza, Panamá ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción el 23 de septiembre de 2005 y la incorporó a su legislación mediante la Ley 15 del 10 de mayo de 2005[3]. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción aconseja al Ejecutivo en el diseño y la aplicación de políticas y acciones que promuevan la lucha contra la corrupción.

Durante el año 2020, tenía lugar el periodo de consultas para la reforma de dos Leyes claves: la Ley 6, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas Data y dicta otras disposiciones, y la Ley 33, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Con estas reformas se pretende mejorar la ética y la rendición de cuentas del sistema público, gracias a un fortalecimiento institucional, una cultura de la transparencia e integridad y la promoción de acceso a la información[4].

En materia de Responsabilidad Social de las empresas[5], se identifica un nivel desigual de conocimiento y desarrollo entre organizaciones. Por un lado, existe un grupo maduro de empresas que ha avanzado sustancialmente en la implementación de una estrategia y gestión responsable de forma transversal, en su mayoría grandes empresas y multinacionales. Por otro lado, existe otro grupo de empresas que limitan la comprensión de la RS al ámbito de la filantropía y un tercer grupo que no está familiarizado con las implicaciones de la RS. El Pacto Mundial de Naciones Unidas se

lanzó en Panamá en 2002 y en la actualidad (en 2021) cuenta con 58 firmantes; Sumarse – Pacto Global Panamá, es la organización representante de la Red de Pacto Global y cuenta con más de 230 socios.

Como conclusión general cabe destacar que, si bien el país cuenta con una alineación respecto a los acuerdos internacionales, su marco regulatorio se caracteriza por la formalización de los asuntos a través de leyes que no siempre quedan reglamentadas. Por tanto, el impacto de los esfuerzos queda diluido y no se llega a superar de manera exitosa y completa los retos ambientales, sociales, de buen gobierno y de derechos humanos que se intentan atajar.